José Leonardo Araujo Araque, quien ha denunciado al sacerdote mexicano Juan Huerta Ibarra de haber abusado de él cuando era menor de edad, viajó a México para exhibir que su presunto agresor ha sido protegido por las autoridades eclesiásticas que lo trasladaron a la casa de los sacerdotes Paulinos en la Alcaldía de Iztapalapa y no a Venezuela, donde existe una denuncia penal en su contra.
“Mi exigencia fundamentalmente es que se actúe con contundencia, que las autoridades de la Iglesia verdaderamente tengan vocación y voluntad de sancionar a esta persona y de sacarla de sus filas, porque una persona de esta calaña teniendo una sotana encima puede hacer muchísimo daño. Ya nos hizo mucho daño a nosotros y le puede hacer mucho daño a otras personas”.
El pasado 27 de julio, José Leonardo ofreció una rueda de prensa en la Ciudad de México donde acusó a las autoridades eclesiásticas de proteger al clérigo. Al dar a conocer su caso en este país le dio valor a otra víctima para alzar la voz. Se trata de una persona que se acercó a Leonardo y le compartió que él también fue abusado sexualmente por Juan Huerta en los años 1997 y 1998, cuando él tenía apenas 17 años.
De acuerdo con el entrevistado, la segunda víctima ya interpuso también una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México, pero no abundó en más detalles. “Los abusos sucedieron en la Casa de la Sociedad San Pablo, puedo dar muchos detalles porque esta persona ha pedido privacidad con su caso, pero lo que sí importa decir es que fue en el año 1998”, dijo.
En el transcurso de 1998, Juan Huerta fue trasladado de México a Venezuela por lo que José Leonardo no descartaría que el motivo pudiera ser porque ya se sospechaba o se tuviera conocimiento de la agresión que cometió en ese entonces.
“Yo no puedo achacar directamente el hecho de que él estuviera abusando de otra persona y por lo cual lo trasladaron a Venezuela, pero evidentemente que alguien tuvo que haber visto algo, porque eso son cosas que muchas veces son evidentes o cuando menos hay muchos indicios para hacerlo presumir”.
José Leonardo afirma tajantemente que la Iglesia ha protegido a su agresor desde que presentó la denuncia, en julio de 2019, porque de lo contrario lo hubieran trasladado a Venezuela para que enfrentara los cargos, y no la Ciudad de México en donde actualmente sigue como párroco.
Los protectores, destacó el joven, fueron en primer lugar el padre Faustino Hernández Estévez, quién era el superior de Huerta en ese momento; así como el sacerdote colombiano de nombre Hernando Jaramillo Osorio, quien era el superior regional de la sociedad San Pablo en Venezuela.
No es la primera vez que se señala a la Iglesia católica de proteger a sacerdotes acusados de pederastia. En marzo de 2020, una investigación realizada por un equipo de Houston Chronicle y ProPublica encabezado por Katie Zavadski, Topher Sanders y Nicole Hensley, reveló que la iglesia católica envió a distintos países a decenas de sacerdotes que eran acusados en Estados Unidos de violar menores de edad y que todos fueron incorporados a iglesias donde se les permitió ofrecer servicio e incluso trabajar con niños.
Para una víctima de abuso sexual, la agresión por sí misma es dolorosa, las consecuencias se presentan a largo plazo y el camino por buscar justicia no es menos tortuoso:
Detalles de la agresión
Era el año 2001. José tenía 13 años de edad. En Mérida, Venezuela, conoció al sacerdote Juan Arcadio Huerta Ibarra, perteneciente a la sociedad San Pablo, conocida como Los padres Paulinos, quienes trabajan con las librerías San Pablo.
José conoció al párroco cuando fue trasladado de Caracas a Mérida, Venezuela, y fundó la Casa Reina de los Apóstoles, recinto en el que formaban a los aspirantes a ingresar a la congregación.
“Yo era un niño, tenía 11 a 13 años de edad y lo conocí en la librería San Pablo. Iba a Mérida los fines de semana, porque mi casa quedaba a tres horas, y acudía al recinto Casa Reina de los Apóstoles, es donde se cometieron los abusos a lo largo de 2001 a marzo de 2002, hasta ese momento yo pude poner un alto a esta situación”, relató.
Luego de esa fecha, Juan Huerta fue trasladado a la capital de Venezuela en donde estuvo hasta el año 2012, año en el que fue trasladado a Estados Unidos. “En Estados Unidos él viajó a Cuba y a Ciudad de México por periodos cortos”, dijo Araujo Araque.
La juventud de José fue muy dura producto de la agresión. En el año 2018, José atravesó por un fuerte proceso depresivo que lo llevó al psiquiatra.
“Después de ese proceso entré en psicoterapia con la especialista y, luego de un tiempo de conversaciones, yo revelé la historia de abuso y es allí cuando se me dan las primeras herramientas, desde el punto de vista psicoterapéutico, para abordar esta situación y es cuando decido hablar”.
En el año 2019, José decidió presentar formalmente las denuncias contra el sacerdote Huerta; la primera ante el entonces arzobispo Metropolitano de Venezuela, Baltazar Porras Cardozo, y en julio ante la Fiscalía Superior del Estado de Mérida, en Venezuela, donde se abrió un proceso de investigación, que significó para el joven abogado el inicio de otro largo y sinuoso andar.
“El camino es muy difícil, sobre todo porque la Iglesia empieza con su burocracia y a extralimitar la presunción de inocencia de una persona (el agresor), la cual ciertamente tiene derecho, pero a despecho del dolor de uno”, platicó.
Desde que interpuso su denuncia formal, José Leonardo notificó a la Diócesis de Mérida que existía proceso de investigación contra Juan Huerta, que en ese momento se encontraba en Estados Unidos. No obstante, dijo Araujo, las autoridades eclesiásticas lejos de colaborar, en vez de presentarlo al lugar en el que se le había denunciado para rendir cuentas se lo llevaron a otro país: México.
“Aun cuando ellos sabían de la existencia del proceso penal, lo trasladan de Estados Unidos a la Ciudad de México, donde lo ubican en la casa de los sacerdotes Paulinos en la Alcaldía de Iztapalapa, y no a Venezuela donde debieron enviarlo en aras de la verdad y la justicia”, abundó.
El joven recordó que al exponer preliminarmente su caso ante la Iglesia fue uno de los procesos más revictimantes pues el padre Arturo Peraza –quien lo atendió entonces– le respondió que no había lugar a una imputación hasta tanto no existieran nuevas pruebas.
“Ese fue un proceso muy revitalizante para mí porque era una exigencia de buscar pruebas de donde no las hay porque estos delitos se cometen intramuros, en la intimidad; entonces no hay forma de obtener otras pruebas”, comentó.
Y añadió: “hay una constante duda hacia la víctima, siempre superponiendo el nombre de la Santa madre Iglesia, y eso es un hecho de revictimización grave y doloroso”.
Meses después, en ese mismo año de 2019, José pudo ubicar a su agresor gracias a la labor de la periodista mexicana Maru Jiménez Caliz, especialista en temas de religiosos, quien se enteró de la denuncia del joven venezolano y lo contactó al observar al padre Huerta en la Basílica de Guadalupe como responsable de la Feria del Libro Católico y en compañía de otros jóvenes.
“Ella me escribió y me pidió una foto de él (Huerta) para corroborar que en efecto se trataba de la misma persona que estaba en la Basílica de Guadalupe promocionando los libros de la librería San Pablo, pero además estaba acompañado de otros jóvenes”, narró.
Proceso penal
Juan Huerta tiene un proceso penal canónico abierto luego que la congregación de la Doctrina para la Fe, ubicada en Roma, dio la orden para abrir la investigación y pidió auxilio de la Arquidiócesis primada de México, en donde se encuentra actualmente el caso desde el punto de vista canónico.
Pero no fue hasta que José Leonardo dio a conocer su caso en la prensa mexicana cuando las autoridades eclesiásticas lo contactaron y se pudo reunir por primera vez con autoridades de la Sociedad de San Pablo. Personal del Tribunal Eclesiástico Canónico se comunicó con él, luego sostuvo una reunión con el secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Alfonso Monseñor Miranda.
Actualmente el joven está en espera de una reunión con unos peritos canónicos que dictarán un veredicto sobre su caso.
El decreto o veredicto puede ser desde que absuelvan al sacerdote, fallar que es culpable o incluso determinar que es “parcialmente culpable”, dijo el entrevistado. No obstante, según apuntó Araujo, la máxima pena que da la Iglesia en estos casos es la división del Estado clerical, es decir, “que no hay pena ninguna”.
Llamado a la sociedad
Uno de los principales objetivos de José Leonardo, además de buscar justicia, es alertar a la sociedad porque –afirmó– es preocupante que un sacerdote acusado de abuso sexual continúe libre, tranquilo y con acceso a potenciales víctimas.
“Mi meta principal es hacer del dominio público esta situación en aras de prevenir que existan nuevas víctimas”, dijo.
El joven exige no solo que el sacerdote sea sancionado, sino que también pide que la Iglesia colabore con la justicia civil, que no se oponga a las investigaciones, que no protejan a personas acusadas y que también inicie un proceso de Justicia restaurativa hacia las víctimas, es decir, que la Iglesia tome medidas y dé garantías de no repetición.
“Que ellos hagan protocolos para que esto no vuelva acontecer. Una disculpa pública hacia mí, hacia la otra víctima y hacia nuestras familiares”
La reparación del daño es otra petición que no queda atrás. “Es necesario que paguen, por ejemplo, con un seguro de salud para el tratamiento médico y psicológico que debe de tener; y en última instancia, no tengo problema en decirlo, en lo económico también debe generarse una compensación simbólica”.
