La diputada Georgina Solorio, de Morena, alzó la voz ante lo que calificó como “una intervención inadmisible del Ayuntamiento de Lerdo” en la reciente renovación de las Jefaturas de Cuartel.
De acuerdo con la legisladora, un proceso que debería ser democrático, incluyente y transparente terminó marcado por criterios partidistas, exclusiones injustificadas y decisiones que violan la normatividad vigente.
La relevancia de las Jefaturas de Cuartel
Solorio destacó que estas figuras representan el primer contacto entre el gobierno municipal y las comunidades, y que su función impacta directamente en la vida diaria de las colonias y localidades.
Sus tareas abarcan desde promover servicios públicos y vigilar el orden, hasta realizar censos, conciliaciones y apoyar en protección civil.
Señala manipulación y uso político del proceso
La diputada denunció que durante la renovación se registraron irregularidades como:
- Restricción de la participación ciudadana.
- Bloqueo de registros bajo argumentos ambiguos.
- Preferencias partidistas en la selección de perfiles.
- Trato desigual hacia comunidades completas.
- Uso del aparato municipal para influir en los resultados.
Solorio afirmó que estas prácticas “convirtieron un ejercicio ciudadano en un mecanismo de control político”, vulnerando la voluntad popular de más de 50 comunidades.
Iniciativa de reforma para blindar la democracia local
Frente a estas anomalías, Georgina Solorio presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, con el fin de:
- Transferir la organización y vigilancia de este proceso a la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento.
- Garantizar tiempos justos para subsanar requisitos.
- Cerrar los vacíos legales que permiten manipulación desde la presidencia municipal.
- Asegurar elecciones libres de interferencias partidistas.
“El pueblo merece procesos legítimos, no simulaciones”, subrayó.
“La democracia comunitaria se respeta”
Con firmeza, la diputada insistió en que las autoridades auxiliares pertenecen a las comunidades, no a ningún partido político:
“No venimos a encubrir abusos. Venimos a defender la democracia y a garantizar la participación de las 53 comunidades afectadas.”
La exigencia es puntual: que Lerdo rectifique, transparente y respete un proceso que debe servir al pueblo, no a intereses políticos.
